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GUÍA DE LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS EN ESPAÑA
(LOS DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONSUMIDOR)
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El Ministerio de Justicia, una vez aprobada por Las Cortes la nueva Ley de Condiciones Generales de la Contratación,
para el debido ejercicio del primer derecho fundamental de los consumidores en la Unión Europea, el derecho a la información, hace público
en esta Guía las cláusulas que la Ley declara nulas por abusivas (lista
negra) y la ineficacia de la letra
pequeña de los contratos.
La nueva Ley garantiza el acceso de los
consumidores a la Justicia de una manera adecuada (acciones colectivas),
serán beneficiarios de las sentencias sin necesidad de pleitear individualmente y contrato por contrato.
La sentencia afectará a todos los contratos iguales con el mismo profesional o empresario (un solo pleito
para cientos o miles de contratos). De esta forma se garantiza el segundo derecho fundamental de los consumidores:
la protección de sus intereses económicos y jurídicos.
Al mismo tiempo, la transparencia del mercado, el cumplimiento
voluntario de la nueva Ley por parte de empresarios y profesionales -finalidad
de la norma-, dará una mayor eficacia a la misma y atenderá directamente a la protección de
esos legítimos intereses de los consumidores. En caso contrario, la acción
judicial y la sanción administrativa
restablecerán la equidad.
1. EL FIN DE LA LETRA PEQUEÑA DE LOS CONTRATOS.
Para que sean válidas las condiciones generales deberán estar firmadas
por el consumidor, que será informado sobre ellas y se le entregará un ejemplar, sin posibilidad
de remisiones a documentos no entregados y firmados por el consumidor.
Las condiciones generales se redactarán con transparencia, claridad, concreción
y sencillez. Son nulas y no formarán parte del contrato las que el consumidor no haya podido conocer antes
de la firma, las ilegibles, las ambiguas, las oscuras y las incomprensibles. Las dudas en su interpretación
se resolverán a favor del consumidor.
2. LA LISTA NEGRA DE LAS CLAUSULAS NULAS POR ABUSIVAS.
Son nulas por abusivas las cláusulas que sean contrarias a la buena fe
y al justo equilibrio entre los derechos y obligaciones del profesional o empresario y el consumidor. En todo caso
son nulas por abusivas, entre otras, las siguientes (incluídas en la Guía del Consumidor europeo):
- Las que excluyen la responsabilidad del profesional por daños físicos
o muerte del consumidor, consecuencia de la relación contractual.
- Las que limitan, en caso de incumplimiento defectuoso, parcial o total, la responsabilidad
del profesional.
- Las que comprometen al consumidor en firme y no al profesional.
- Las que permiten retener cantidades abonadas, en caso de renuncia del consumidor
al contrato o a su ejecución, sin establecer una cantidad equivalente para el supuesto inverso.
- Las cláusulas de penalización o indemnización desproporcionadas
por incumplimiento del consumidor.
- Las que facultan al profesional para la rescisión unilateral, sin derecho
correlativo del consumidor, o a la retención de cantidades sin prestación efectuada.
- Las que autorizan a la finalización o extinción de contratos de
duración indefinida, sin preaviso con antelación razonable.
- La prórroga automática, sin consentimiento del consumidor, en
los contratos de larga duración.
- La adhesión irrenunciable a cláusulas que el consumidor no ha
podido, en tiempo, conocer su trascendencia real.
- La alteración unilateral por el profesional de los términos del
contrato, de la prestación del servicio o de la entrega del bien.
- El aumento unilateral del precio o su establecimiento en el momento de la entrega
del bien o prestación del servicio.
- La reserva exclusiva de estimar cumplido el contrato o de su interpretación.
- Eximirse el profesional de la responsabilidad de sus mandatarios o supeditarla
a condiciones especiales.
- Exigir el cumplimiento del consumidor, sin el correlativo del profesional.
- Cesión del contrato, con merma de garantías del consumidor, sin
consentimiento de éste.
- Suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos, con
sujeción a un arbitraje no regulado legalmente.
- Inversión de la carga de la prueba: que deba probar el consumidor el
cumplimiento o el incumplimiento de lo pactado.
3. PROTECCIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LOS CONSUMIDORES.
Si el empresario o profesional no cumple voluntariamente la Ley, el consumidor
cuenta con nuevos medios de defensa colectivos, además la acción individual que, como cualquier contratante,
puede interponer:
A. PROTECCIÓN JUDICIAL:
El consumidor dispone del nuevo beneficio de la acción colectiva y del
efecto de las sentencias.
- ACCIONES COLECTIVAS: En la acción
colectiva, por sí o a instancias de cualquier consumidor, las asociaciones de consumidores o de empresarios,
los organismos de consumo, Cámaras de Comercio, o los colegios profesionales y el Ministerio Fiscal, pueden
interponer un acción judicial, sin que el consumidor deba intervenir en el proceso, para que el profesional
o empresario elimine la cláusula abusiva (cesación) o el grupo empresarial o profesional deje de
recomendar su inclusión en la condiciones de los contrato (retractación).
- SENTENCIAS: la sentencia firme que
estime la demanda por acción colectiva obligará al empresario o profesional a eliminar la cláusula
nula de todos los contratos que hubiese firmado con otros empresarios o consumidores. Es decir, con un sólo
pleito se solucionan o evitan cientos o miles de litigios.
- PUBLICIDAD DE LAS SENTENCIAS: las
condiciones generales y las sentencias se harán públicas mediante la inscripción en el Registro,
para general conocimiento de los ciudadanos (las sentencias, además, serán objeto de publicación
en prensa o en un Boletín Oficial), y para que se puedan aplicar directamente, como cosa juzgada, a otros
pleitos sobre el mismo tipo de contrato por los Jueces (con lo que suspenderá el proceso, una vez alegada,
dando por finalizado el mismo).
- SANCIÓN ADMINISTRATIVA: El incumplimiento de la obligación de
eliminar la cláusula nula o de no recomendar su uso o la falta de inscripción (cuando sea obligatoria),
dará lugar a la imposición de una multa administrativa al empresario o profesional del doble de la
cuantía de cada contrato, sin perjuicio de las sanciones que deriven del incumplimiento de las normas de
protección de los consumidores.
B. PROTECCIÓN EXTRAJUDICIAL:
En la dejudicialización de la contratación privada, se ha regulado
la actuación de los profesionales oficiales al servicio de la protección del consumidor.
- NOTARIOS:
- Redacción de las escrituras: velarán por la incorporación
de las condiciones generales al contrato y su redacción se ajustará a las exigencias de transparencia,
claridad, concreción y sencillez, sin incluir condiciones ilegibles, ambiguas, oscuras o incomprensibles.
- Advertencia e información: advertirán e informarán al consumidor,
antes de la firma, de la existencia de condiciones generales y de la aplicabilidad de esta Ley, con sus derechos
y obligaciones.
- Prohibición: no podrán autorizarse escrituras que contengan cláusulas
nulas o declaradas, judicialmente, nulas por abusivas.
- CORREDORES:
- Información sobre condiciones generales: informarán al consumidor
sobre la aplicabilidad de esta Ley en los contratos que intervengan (pólizas de crédito, valores...).
- Información al consumidor: informarán sobre la aplicabilidad de
la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios.
- REGISTRADORES:
- Información al consumidor. Publicidad registral: informarán al
consumidor sobre sus derechos y obligaciones en orden a la aplicación de esta Ley y a toda la actividad
registral (medios de inscripción, medios de subsanación, minuta, recursos..), redactando las notas
de inscripción, las notas simples informativas y las certificaciones con claridad y sencillez, facilitando
la consulta del Registro con las debidas garantías, velando por la protección de datos de carácter
personal.
- Protección del consumidor (cláusulas abusivas): denegarán
la inscripción de las cláusulas nulas y declaradas nulas por abusivas. Advertirán de la aplicación
de esta Ley.
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Ministerio de Justicia
C/ San Bernardo, 45-47
28015 Madrid
Teléf.: (91) 390-20-10
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